PROBLEMÁTICA
DE CORRUPCION POLITICA EN COLOMBIA
La Directora de
Transparencia por Colombia examina brevemente los alcances, las causas, las
mediciones y los posibles remedios de una enfermedad que nos está destruyendo.
Elisabet Ungar
Cáncer de la democracia
"No puede haber
democracia sin lucha contra la corrupción, porque la corrupción no es solamente
un delito, es un sistema de poder alternativo al sistema democrático de
poder. Lo mismo pasa con los mafiosos,
los mafiosos no son solamente criminales, la mafia es un sistema de poder
económico, un sistema de poder político, un sistema de poder religioso, un
sistema de poder financiero(...) La nueva corrupción del tercer milenio se
llama conflicto de intereses. El conflicto de intereses destruye la democracia,
el libre mercado, destruye el normal funcionamiento del sistema".
En particular, es importante
llamar la atención sobre la relación que establece entre corrupción y
democracia. Las prácticas corruptas
impiden materializar los principios y los objetivos del Estado Social de
Derecho, en la medida en que concentran en manos de unos pocos los recursos y
bienes que deberían destinarse a intereses colectivos; distorsionan la toma de
decisiones a favor de intereses particulares; aumentan los costos de
administración de bienes y servicios públicos y privados; debilitan el respeto
por la autoridad, erosionan la confianza ciudadana en las instituciones, y
contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado.
También es relevante señalar
la vinculación que según Orlando existe entre la corrupción y los actores y
acciones de naturaleza mafiosa. Esto es
especialmente cierto para el caso
colombiano, donde esta relación se ha puesto en evidencia de manera contundente en los últimos años, cuando
sectores vinculados con actividades ilegales -narcotráfico y paramilitarismo-
resultaron comprometidos en la captura y la reconfiguración cooptada del
Estado, fenómenos evidentemente imbricados con prácticas corruptas. No en vano varios analistas colombianos, han hablado de la existencia de un círculo
perverso entre corrupción, violencia y narcotráfico.
Una corrupción más grave
Por ejemplo, Luis Jorge Garay se refiere a este fenómeno
en los siguientes términos: "Aquello que, hasta hace algunos años, se
conocía como corrupción -el soborno, la adjudicación indebida de contratos, el
clientelismo y el desvío de recursos públicos- ha cambiado al punto de que
actualmente sólo puede analizarse y entenderse en un contexto más amplio que el
tradicional, ante el papel determinante que han ejercido procesos y actores de
corte mafioso.
Esto hace que la acepción
tradicional de la corrupción, que ha sido definida por Transparencia
Internacional como "el abuso de posiciones de poder o de confianza, para
el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través
de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en
servicios o beneficios, a cambio de acciones, decisiones u
omisiones", se quede corta para
entender la complejidad del fenómeno en sociedades como la nuestra. Y que sea necesario abordarla como una
"práctica funcional en la organización económica, política y social
existente que se manifiesta bajo una lógica de interacción de agentes para la
satisfacción de intereses de grupos poderosos legales e ilegales al margen del
mercado y en veces de la institucionalidad, en detrimento de intereses y propósitos
de la colectividad
Debilidad
de Colombia
Además de lo anterior, hay
algunas condiciones estructurales del Estado colombiano, del sistema y del
ejercicio político que se constituyen en caldo de cultivo para la corrupción.
Entre ellas,
La concentración creciente
del poder en el Ejecutivo y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos;
El clientelismo;
La impunidad;
La falta de transparencia en
la financiación de la política;
La "cultura del
atajo" y el "todo vale";
Una débil cultura de
rendición de cuentas;
El incumplimiento por parte
de muchas entidades públicas del derecho de acceso a la información;
Fallas en el diseño de la institucionalidad
estatal, e
Incumplimiento de la
normatividad vigente.
Además, la corrupción está
inmersa en toda la sociedad, involucrando al sector público, al sector privado
y a la ciudadanía. Dicho en otras
palabras, el fenómeno parece estar relacionado con causas de orden ético,
social, político y administrativo.
Mal
en el ranking mundial
Las diferentes mediciones
realizadas sobre la corrupción en Colombia muestran un panorama bastante
desalentador. Según el Índice de
Percepción de Corrupción 2010 de Transparencia Internacional, Colombia obtuvo
un puntaje de 3,5 (siendo "0" la calificación más baja, es decir alta
percepción de corrupción, y 10 la más alta, o sea la percepción de corrupción
más baja). Esto sitúa al país en el
puesto 78 entre 178 países evaluados. De otra parte, en el contexto americano,
Colombia ocupa el décimo puesto (entre 18) y en el Latinoamericano, el cuarto
(El Cuadro anexo al final de este artículo presenta la información
desagregada).
Adicionalmente debo resaltar
que durante los últimos doce años no ha habido cambios significativos, lo cual indica que las políticas y acciones
emprendidas para enfrentar la corrupción no han sido eficaces.
De otra parte, según el
Barómetro Global de Corrupción 2009 (cuadros 1 y 2), Colombia tiene uno de los niveles más altos
de desconfianza en los partidos políticos y en el poder legislativo del
Continente. Estas instituciones son percibidas como las más permeadas por la
corrupción. De la misma manera, Colombia
es el país que en mayor grado percibe al sector privado como corrupto, al igual
que a los medios, los funcionarios públicos y el poder judicial.
Si nos trasladamos al ámbito
empresarial, la situación no es menos preocupante. De acuerdo con el Foro
Económico Mundial 2009 - 2010, el primer factor que dificulta la realización de
negocios con empresas privadas en Colombia es la corrupción, por encima de
motivos como los impuestos, la ineficiencia de la burocracia estatal, la
infraestructura o el crimen y la violencia.
¿Cómo hacerle frente al mal?
El Gobierno del Presidente
Santos, preocupado por este problema, ha presentado al Congreso de la República
un Estatuto Anticorrupción y ha expresado públicamente su compromiso de adoptar
diversas medidas para combatirlo. El Proyecto de Ley, sin duda, es un avance,
pero debe ser visto como una pieza de una política integral.
Esta ha sido, precisamente,
la propuesta que Transparencia por Colombia le ha hecho al Gobierno
Nacional. Se debe trabajar en el diseño
de una Política de Estado por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción
que involucre a todas las ramas del poder público y a los distintos niveles de
gobierno, así como al sector privado y organizaciones no gubernamentales en el
esfuerzo común de combatir la corrupción.
Para esto se debería promover un consenso nacional sobre las prioridades
y temas clave en la, que identifique compromisos y responsabilidades de los
sectores relevantes, así como políticas, con su correspondiente plan de acción
e instrumentos. Para ello se deben
definir objetivos precisos, con metas de impacto, indicadores verificables, con
el fin de elaborar planes con orientaciones concretas y poder realizar
seguimiento y evaluaciones rigurosos.
Una política pública de
lucha contra la corrupción debe contemplar medidas de prevención, investigación
y sanción, y propender por la integración y coordinación de todos los entes
responsables de su aplicación. Y
ajustarse al pleno cumplimiento de las convenciones internacionales de lucha
contra la corrupción[4], de las cuales Colombia es signataria.
Colombia tiene un buen
desarrollo normativo en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la
gran deuda es el cumplimiento formal y sustantivo de la norma. Por ello es indispensable aumentar la capacidad
del Estado para cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la gestión
pública en temas relacionados con la corrupción. Entre ellos, por su impacto en el fenómeno,
cabe destacar los siguientes:
Gestión de la contratación
estatal.
Gestión contable y desempeño
financiero
Fortalecimiento de la
institucionalidad local y departamental
Acceso a la información
Promoción y publicidad de
las decisiones y acciones públicas
Rendición de cuentas
Pero más allá de las normas,
una efectiva Política Integral de Lucha contra la Corrupción no es concebible
si no contempla un fuerte componente de educación y de participación ciudadana.
Y sobre todo, si no entendemos que todos somos, por acción o por omisión, corresponsables de la corrupción: el sector
público, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía.
Solo entonces la corrupción
dejará de ser una transacción de bajo riesgo y altos rendimientos y se
convertirá en una de alto riesgo y bajos rendimientos.
tomado de:
https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/1510-la-corrupcion-en-colombia.html
